Columna Semanal

Sin pena ni gloria

Por Roberto Munita M.

El horrible crimen de una menor de cinco años fue el pretexto perfecto para que ciertos políticos propusieran la restauración de la pena de muerte. Nada mejor que azuzar a las masas ávidas por justicia, en tiempos de campaña. Sin embargo, es a todas luces una propuesta populista e inútil, por aplicación del Pacto de San José.

¿Cuál es el fin de cualquier pena? Además de su rol rehabilitador, la pena es un castigo, a la vez que una medida de protección frente a sicópatas que no deberían estar sueltos, y una acción con un efecto disuasivo general, si el ejemplo es para la población, o particular, si busca reprimir la reincidencia del forajido.

La pena de muerte sólo funciona como protección para la población y como castigo, pero ambos fines son perfectamente verificables a través de una cadena efectivamente perpetua. El problema es que la pena de muerte no sirve como disuasivo particular ni como rehabilitador. Y los estudios muestran que tampoco funciona como un mecanismo de prevención colectivo. Es, por lo tanto, una política de dudosa eficacia.

Más aún, lo que me convence para oponerme es un argumento filosófico, no técnico. La creencia en una Ley Natural, anterior al hombre, nos lleva a pensar que no está en nuestra esfera atentar contra la vida de un ser humano. Y así como muchos nos hemos opuesto a cualquier dispositivo que podría ser abortivo, debemos impugnar con igual coraje toda acción que atente contra la integridad de un ser humano. Ese tecnicismo de que “sólo se debe proteger la vida del inocente” me huele a subterfugio.